AMNISTIA 
INTERNACIONAL 
Declaración 
Pública 


26 
de 
marzo 
de 
2008 
Índice 
AI: 
AMR 
41/015/2008 


México: 
Un 
paso 
positivo, 
pero 
insuficiente: 
México 
ratifica 
la 
Convención 
sobre 
Desapariciones 
Forzadas 


Amnistía 
Internacional 
ha 
recibido 
con 
beneplácito 
la 
ratificación 
efectuada 
por 
México 
de 
la 
Convención 
Internacional 
para 
la 
Protección 
de 
Todas 
las 
Personas 
contra 
las 
Desapariciones 
Forzadas, 
el 
pasado 
día 
18 
de 
marzo. 
Ese 
instrumento 
internacional 
establece 
una 
prohibición 
absoluta 
de 
dicho 
crimen 
y 
obliga 
a 
los 
Estados 
parte 
a 
adaptar 
su 
normativa 
interna 
de 
conformidad 
con 
las 
previsiones 
de 
la 
Convención, 
incluyendo 
-
en 
el 
caso 
de 
México 
y 
de 
otros 
Estados 
federales 
-todas 
las 
partes 
constitutivas 
de 
la 
Federación. 


Sin 
embargo, 
Amnistía 
Internacional 
observa 
con 
preocupación 
la 
falta 
de 
reconocimiento 
de 
la 
competencia 
del 
Comité 
contra 
la 
Desaparición 
Forzada, 
instituido 
para 
recibir 
y 
examinar 
las 
comunicaciones 
presentadas 
por 
las 
víctimas 
de 
dicho 
crimen 
o 
sus 
familiares 
o 
representantes. 


Debe 
recordarse 
asimismo 
que 
la 
efectividad 
de 
los 
compromisos 
internacionales 
contraídos 
por 
México 
es 
relativa. 
En 
efecto, 
sus 
tribunales 
de 
justicia, 
incluida 
la 
Suprema 
Corte, 
suelen 
atribuir 
a 
los 
tratados 
de 
protección 
de 
los 
derechos 
humanos 
un 
valor 
jurídico 
inferior 
al 
de 
algunas 
normas 
de 
derecho 
interno, 
pese 
a 
lo 
que 
expresamente 
dispone 
la 
Convención 
de 
Viena 
sobre 
el 
Derecho 
de 
los 
Tratados 
-del 
que 
México 
es 
parte 
-, 
que 
prohíbe 
a 
los 
Estados 
parte 
invocar 
las 
disposiciones 
de 
su 
derecho 
interno 
como 
justificación 
del 
incumplimiento 
de 
un 
tratado. 


Aunque 
la 
organización 
considera 
que 
la 
decisión 
del 
Estado 
mexicano 
de 
convertirse 
en 
parte 
de 
la 
Convención 
es 
positiva, 
es 
evidente 
al 
tiempo 
que 
México 
no 
ha 
adoptado 
todas 
las 
medidas 
necesarias 
para 
investigar 
y 
sancionar 
adecuadamente 
todos 
los 
casos 
de 
desapariciones 
forzadas 
cometidos 
en 
el 
pasado, 
que 
continúan 
impunes 
y 
cuyos 
responsables 
no 
han 
comparecido 
ante 
tribunales 
de 
justicia. 



En 
2006 
el 
proyecto 
de 
esclarecimiento 
de 
la 
verdad 
histórica 
llevado 
a 
cabo 
por 
la 
entonces 
Fiscalía 
Especial 
para 
Movimientos 
Sociales 
y 
Políticos 
del 
Pasado 
contabilizó 
no 
menos 
de 
700 
desapariciones 
forzadas 
cometidas 
entre 
los 
años 
1968 
y 
1985. 
Hasta 
donde 
llega 
el 
conocimiento 
de 
la 
organización, 
ninguna 
persona 
ha 
sido 
condenada 
hasta 
el 
presente 
por 
casos 
de 
desaparición 
forzada 
de 
personas. 


Una 
de 
las 
razones 
que 
la 
organización 
considera 
contribuye 
decisivamente 
a 
tal 
impunidad 
consiste 
en 
la 
desmedida 
competencia 
atribuida 
a 
los 
tribunales 
militares 
para 
conocer 
de 
los 
delitos 
perpetrados 
por 
el 
personal 
militar, 
incluyendo 
bajo 
su 
jurisdicción 
-en 
contravención 
con 
el 
derecho 
internacional 
-numerosos 
casos 
de 
desapariciones 
forzadas, 
torturas, 
homicidios 
extrajudiciales, 
violaciones 
y 
otros 
crímenes 
de 
naturaleza 
sexual, 
entre 
otros. 


Para 
Amnistía 
Internacional, 
si 
las 
autoridades 
mexicanas 
desean 
con 
sinceridad 
acabar 
con 
las 
desapariciones 
forzadas 
y 
otras 
violaciones 
de 
derechos 
humanos 
deben 
poner 
fin 
al 
manto 
de 
impunidad 
que 
rodea 
la 
investigación 
de 
las 
mismas. 
Entre 
otros 
pasos 
concretos 
que 
la 
organización 
recomienda 
se 
haya 
permitir 
que 
los 
tribunales 
ordinarios 
-
y 
no 
los 
militares 
-conozcan 
de 
tales 
hechos 
sin 
interferencia 
alguna 
y 
el 
sometimiento 
cabal 
del 
Estado 
mexicano 
a 
las 
obligaciones 
consagradas 
en 
los 
tratados 
de 
protección 
de 
los 
derechos 
humanos, 
incluyendo 
la 
inaplicabilidad 
de 
la 
prescripción 
a 
los 
crímenes 
de 
derecho 
internacional 
cometidos 
en 
el 
pasado. 
Estas 
medidas, 
entre 
otras 
importantes 
que 
se 
deberían 
adoptar 
con 
premura, 
contribuirían 
sin 
duda 
a 
una 
eficaz 
aplicación 
de 
las 
disposiciones 
de 
la 
Convención 
sobre 
Desapariciones 
Forzadas 
recientemente 
ratificada 
por 
México. 


Antecedentes 


México 
es 
un 
Estado 
parte 
en 
casi 
todos 
los 
Tratados 
de 
protección 
de 
los 
derechos 
humanos 
y 
se 
ha 
comprometido 
a 
adaptar 
las 
disposiciones 
de 
los 
mismos 
en 
su 
normativa 
interna. 
Sin 
embargo, 
las 
violaciones 
a 
los 
derechos 
humanos 
y 
la 
impunidad 
son 
generalizadas. 
El 
fracaso 
de 
sucesivas 
administraciones 
para 
asegurar 
que 
las 
personas 
responsables 
de 
esos 
crímenes, 
incluyendo 
cientos 
de 
desapariciones 
forzadas 
cometidas 
durante 
las 
décadas 
del 
60 
al 
80, 
son 
investigadas 
y 
perseguidas 
continúa 
denegando 
a 
las 
víctimas 
y 
sus 
familiares 
en 
derecho 
a 
la 
verdad, 
la 
justicia 
y 
la 
reparación 
integral. 


FIN/